Gastón Grisoni  

Proclama de CRYSOL

SURda

Compañeras y compañeros:

Hoy se cumplen exactamente 2 años de que nuestra organización presentara públicamente el proyecto de ley de reparación integral que nuestro colectivo de ex presas y de ex presos políticos elaborara junto con el Dr. Oscar López Goldaracena.

Lo presentamos como una auténtica contribución de nuestra parte a los partidos políticos y al gobierno nacional como un instrumento para abordar y solucionar una de las grandes carencias que hasta el día de hoy tiene la transición democrática iniciada el 1º de marzo de 1985.

El pasado 4 de mayo el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que se inspira en el nuestro y recoge algunas de nuestras propuestas e iniciativas. Consideramos que es positivo que se haya enviado el proyecto de ley y que luego se haya remitido un proyecto complementario.

Algunos medios de comunicación han señalado que nuestra organización rechaza el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Eso no es cierto . Nuestro colectivo no rechaza el proyecto que está a estudio de la Cámara de Senadores en estos momentos. Consideramos que es positivo, que es un avance, pero parcial e insuficiente.

En la exposición de motivos se señala que se pretende dar cumplimiento a la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas pero el texto de la ley no efectiviza tal como se debe y se puede hacer, las recomendaciones de dicha norma que es el estándar al cual el Estado uruguayo debe ajustarse.

Como ciudadanos conscientes de nuestros derechos reivindicamos los principios básicos de la reparación integral tal como ellos han sido formulados por la comunidad de naciones: restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.

A lo largo de estos 24 años se ha ido avanzando, parcialmente, en los diferentes aspectos, pero quedan muchos aún pendientes de resolución. El proyecto de Crysol los aborda y los soluciona. Sigue siendo para nosotros el único proyecto de ley de reparación integral que se conoce en la vida del país.

El proyecto del Poder Ejecutivo presenta numerosas carencias e insuficiencias. En forma resumida las señalaremos en la noche de hoy, pues son la base de las gestiones que estamos haciendo y haremos para que en nuestro país y en esta legislatura se apruebe una ley de reparación integral para todas las víctimas del terrorismo de Estado sin exclusiones.

Las insuficiencias más notorias.

1) No se establece de manera formal y explícita la disculpa oficial por parte del Estado a las víctimas directas y al conjunto de la sociedad.

2) Entre los universos de víctimas se excluye a los niños y adolescentes de la época que eran familiares directos de las ex presas y de los ex presos políticos.

3) No se establece un día oficial de homenaje a las víctimas del Terrorismo de Estado.

4) No se destinan como Centros de Memoria lugares emblemáticos de la represión como el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) y el ex Penal de Punta de Rieles.

5) Confunde la debida indemnización a los ex presos políticos con el beneficio de la Pensión Especial Reparatoria (Per) que otorga el Artículo 11 de la Ley 18 033.

6) Los montos indemnizatorios que se establecen para los familiares de los detenidos desaparecidos y asesinados son exiguos y arbitrarios en tanto no se basan en las sentencias judiciales.

7) No se conceden indemnizaciones a todos los universos de víctimas que deberían ser beneficiarios de las mismas: ex presos políticos, niños nacidos en cautiverio, muertos en las cárceles, personas que sufrieron daños graves, niños y adolescentes familiares directos de las víctimas, exiliados y clandestinos.

8) Los beneficios en salud que se otorgan son inferiores a los que concede el decreto 268/08 del Poder Ejecutivo ya vigente en la materia y que deberían ampliarse y no restringirse.

9) No se contemplan los asuntos pendientes de resolución de la Ley Previsional 18 033 y que el Artículo 15 del proyecto de Ley de Reparación Integral de Crysol aborda satisfactoriamente.

10) No se explicita debidamente la responsabilidad y potestades de la Comisión Especial que se crea a los efectos de planificar, organizar y ejecutar las reparaciones simbólicas que la ley establece.

11) No se adoptan medidas específicas destinadas a garantizar la no repetición de las violaciones a los DDHH: remoción de los obstáculos jurídicos para la Verdad y la Justicia.

12) Se obliga a quienes se amparan a la ley a renunciar a toda acción de reclamo a pesar de que el texto propuesto por el Poder Ejecutivo no cumple a cabalidad con la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

Para resolver estas cuestiones hemos solicitado entrevistas a los integrantes del Poder Ejecutivo solicitando se envíe al Parlamento un proyecto de ley complementario que las aborde cabalmente.

Al mismo tiempo bregaremos en la Cámara de Senadores y de Diputados para generar el consenso político que introduzca las modificaciones que corresponden para hacer justicia y seguir avanzando.

No escuchan y no dialogan.

El proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento fue elaborado por una comisión de parlamentarios de la fuerza política gobernante que hasta el momento nunca recibió como equipo de trabajo a nuestro colectivo y que persistentemente, hasta ahora, se ha negado a recibir y a dialogar y a intercambiar puntos de vista para superar los escollos y las dificultades.

La propia dirigencia de la fuerza política ha permanecido indiferente y apática ante nuestros reclamos de ser escuchados en forma directa y cara a cara para dialogar. Aspiramos en los próximos días a ser recibidos por el Presidente del Frente Amplio para que se involucre, como corresponde y conviene a los propios intereses de la fuerza política en la resolución positiva de las insuficiencias que estamos planteando.

Para seguir avanzando hacia el Nunca Más Terrorismo de Estado.

El reciente golpe gorila en Honduras que rechazamos y repudiamos como colectivo pone arriba de la mesa la necesidad que tienen todas las democracias reconquistadas de avanzar en el plano de la Verdad y de la Justicia para afirmar la institucionalidad democrática, para que sean enjuiciados los perpetradores de los golpes de Estado y de las violaciones a los derechos humanos como requisitos excluyentes de asegurar la viabilidad democrática, sin tutelajes cuarteleros y con el horizonte de Nunca Más terrorismo de Estado.

Valoramos positivamente los pasos que se han venido dando en materia de Derechos Humanos desde el 1º de marzo del 2005 y nos congratulamos por ello. Pero para seguir avanzando en el camino de la justicia, para profundizar la democracia, para afirmar los valores y la cultura de los derechos humanos, nuestra sociedad, nuestro país tiene dos grandes desafíos ineludibles e insoslayables: anular la ley de caducidad y aprobar en esta legislatura, sin dilaciones ni postergaciones, una ley de reparación integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado sin exclusiones y que cumpla cabalmente con la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

Para ambos desafíos, está y estará nuestro colectivo junto con las organizaciones representativas de los universos de víctimas y de luchadores sociales y políticos.

Unidad y movilización son las grandes herramientas.

El debate parlamentario de la ley de reparación integral ha comenzado. Debemos estar todas y todos, unidos y movilizados. En la unidad y en la movilización, en nuestra firmeza y fraternidad está la llave de los triunfos que obtendremos en la perspectiva del Uruguay democrático por el cual tanto luchó el pueblo uruguayo.

Por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación Integral

Por la anulación de la ley de caducidad.

Adelante, compañeras y compañeros.